Layda Sansores defendió la medida al considerar que promueve la distribución equitativa de la riqueza y el desarrollo económico del estado
El Congreso de Campeche aprobó en sesión extraordinaria la reforma a la Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho a la Propiedad, propuesta por la gobernadora Layda Sansores.
Con el respaldo de la mayoría de Morena, el dictamen establece nuevas causas de expropiación bajo el concepto de “utilidad pública” y regula los procedimientos, modalidades y ejecución de expropiaciones, ocupaciones temporales, servidumbres y limitaciones de dominio sobre bienes privados en la entidad.
La medida fue justificada por la administración estatal como respuesta a la falta de reserva territorial en el municipio de San Francisco de Campeche, lo que, según argumentó, limita la construcción de vialidades y vivienda social.
No obstante, la reforma generó controversia, pues la oposición advirtió que deja a los ciudadanos en una posición vulnerable frente a decisiones ejecutivas, al no contemplar mecanismos efectivos de defensa. El artículo 18 incluso establece que, una vez decretada la expropiación, la Secretaría correspondiente procederá a la ocupación inmediata de los bienes.
El diputado priista Ricardo Medina Farfán cuestionó los alcances de la reforma y aseguró que la ley abre la puerta a abusos. “Te pueden quitar tu propiedad sin que siquiera estés enterado”, señaló, al criticar que la notificación pueda darse mediante publicación en el Periódico Oficial y un plazo de cinco días para respuesta.
Asimismo, advirtió que la indemnización quedará en manos de la Secretaría de Finanzas, lo que, a su juicio, no garantiza un pago justo conforme al valor real de los inmuebles.
Por su parte, la gobernadora Sansores defendió la medida al considerar que promueve la distribución equitativa de la riqueza y el desarrollo económico de Campeche.
Sin embargo, voces críticas, como la de la registradora Delma Rabelo, sostuvieron que los juicios de amparo serían insuficientes para frenar posibles abusos, dado el control político sobre el Poder Judicial.
La aprobación de esta reforma reaviva el debate entre la necesidad de impulsar proyectos de urbanización y la obligación de proteger el patrimonio privado de los ciudadanos.
Con información de Gaceta Peninsular
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