El 14 de abril de 2025, un juez federal en Cancún validó la cancelación de la concesión de Aguakan, empresa que desde 1993 opera el servicio de agua potable y alcantarillado en Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos.
La sentencia, que desechó un amparo presentado por Aguakan, responde al Decreto 195 de diciembre de 2023, aprobado por la XVII Legislatura de Quintana Roo, que abrogó la prórroga irregular otorgada en 2014 hasta 2053.
La decisión se fundamenta en el incumplimiento de la empresa en la calidad del servicio, cobros excesivos, contaminación ambiental y afectaciones a la salud, respaldada por una consulta popular de 2022 donde más del 35% del padrón electoral votó por retirar la concesión.
Aguakan, que logró suspensiones provisionales para seguir operando, enfrenta ahora un proceso legal inconcluso, con una suspensión definitiva vigente y la posibilidad de un recurso de revisión en tribunales superiores.
Además, enfrenta denuncias penales por presunto lavado de dinero relacionado con el pago de 1,055 millones de pesos en 2014 para asegurar la prórroga.
La empresa exige una indemnización de miles de millones de pesos por sus inversiones, pero el gobierno estatal, liderado por Mara Lezama, rechaza estas cifras y planea que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) asuma el servicio, evitando nuevas privatizaciones.
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